La creadora regiomontana Guadalupe Villalobos (@lupitatiktokmx) —conocida en redes como Lupita TikTok— atraviesa su momento más crítico desde que saltó a la fama por compartir su embarazo. El 27 de abril su hija recién nacida fue internada de emergencia en el Hospital Materno Infantil de Nuevo León con signos de deshidratación, lo que activó la alerta del DIF estatal.
Al día siguiente, Mariana Rodríguez Cantú, presidenta del DIF Capullos y esposa del gobernador Samuel García, publicó un video en Instagram confirmando que la institución abrió una investigación por presunta negligencia parental. Reveló que los adultos responsables de la menor fueron citados en Capullos porque “hay un tema de consumo de sustancias… inaceptable para una bebé”. Añadió que la custodia temporal podría pasar a familiares si se acredita el riesgo.
Las declaraciones de Rodríguez catapultaron el caso a las tendencias nacionales y dividieron a la opinión pública. Críticos argumentan que la funcionaria vulneró el derecho a la privacidad de la menor y podría ser sancionada por exhibir un expediente abierto, mientras sus defensores celebran la rápida intervención del DIF. Expertos en derechos de la infancia recuerdan que la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes obliga a las autoridades a mantener reserva en estos procesos.
Por su parte, Lupita TikTok negó haber puesto en riesgo a su hija y calificó de “mentira” la posible separación: “Yo la adoro y jamás permitiría que le hicieran daño”, escribió en sus historias. Sin embargo, la influencer enfrenta una ola de críticas de usuarios que ya habían cuestionado la exposición excesiva de la bebé en sus contenidos.
El caso sigue en investigación. Mientras las autoridades determinan si procede el resguardo de la menor, el episodio reabre el debate sobre los límites entre la vida privada y la creación de contenido familiar, y sobre cómo deben comunicar los servidores públicos los casos que involucran a menores de edad.
